• Han cobrado de más en la potencia de los suministros auxiliares de seguridad

Las grandes compañías eléctricas llevan años cobrando de más por la potencia contratada en los suministros eléctricos de seguridad de hospitales, estadios, estaciones de viajeros, oficinas, centros comerciales, locales de espectáculos y otros establecimientos similares. Puede haber hasta 30.000 empresas y entidades afectadas por estos errores de facturación, que alcanzan hasta los 100 millones de euros en conjunto.

Como una medida de seguridad, para facilitar las evacuaciones o el mantenimiento de prestaciones clave, numerosos establecimientos tienen la obligación de disponer de dos conexiones eléctricas a las redes, la normal y una segunda, redundante, que mantenga el suministro si falla la primera. Estas segundas conexiones, jurídicamente denominadas suministros complementarios, son obligatorias en locales de espectáculos, de actividades recreativas y locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación superior a las 300 personas; también en estaciones de viajeros y aeropuertos, parkings para más de 100 vehículos, pabellones deportivos y establecimientos o centros comerciales con más de 2.000 metros cuadrados de superficie.

Dependiendo del tipo de exigencia legal de seguridad, la potencia contratada complementariamente debe ser del 15% de la principal-, del 25% o superior al 50%.
Bonificación del 50% – La normativa indica que, en el caso de que la misma empresa distribuidora sea responsable de los dos suministros, el normal y el complementario -la situación más normal-, y siempre que lo autorice la comunidad autónoma, por el segundo se facturará únicamente la mitad del término de potencia contratado. Sin embargo, es muy raro el suministro complementario al que se aplica esa bonificación del 50%.

El despacho de Holtrop, representando a Engestur, la empresa de parkings públicos de Badalona, ha conseguido que la Generalitat reconozca a su cliente la citada bonificación y que Endesa, su distribuidora, le devuelva las cantidades que ha facturado en exceso durante los 10 años precedentes, plazo máximo a partir del cual no se pueden reclamar.

En toda España puede haber hasta 30.000 empresas y entidades a las que las grandes compañías han estado cobrando de más, y el monto de las devoluciones puede superar los 100 millones de euros. Para ello, claro, también hay que contar con el beneplácito de la comunidad autónoma.

Fuente: eleconomista.es